El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) inform\u00f3 que los pa\u00edses de la Organizaci\u00f3n para la Cooperaci\u00f3n y el Desarrollo Econ\u00f3micos (OCDE) se gasta un promedio de 1.7% del PIB en Seguridad, mientras que en nuestro pa\u00eds, apenas llegamos al 0.96%, sin considerar que ninguno de estos pa\u00edses enfrenta un reto como el nuestro.<\/p>\n
Durante la presentaci\u00f3n del estudio la investigaci\u00f3n “Gasto P\u00fablico en Seguridad: una mirada a la ruta de los recursos”, elaborado en conjunto con el Centro de Investigaci\u00f3n Econ\u00f3mica y Presupuestaria (CIEP), el director del ONC, Francisco Rivas, inform\u00f3 que el gasto se encuentra concentrado en tres principales rubros: las Fuerzas Armadas, la administraci\u00f3n de justicia y los polic\u00edas.<\/p>\n
Especific\u00f3 que la disminuci\u00f3n del 27% de los recursos asignados a la prevenci\u00f3n del delito de 2018 a 2019, revela que este no es un componente prioritario de la pol\u00edtica de seguridad actual.<\/p>\n
Como ejemplo se\u00f1al\u00f3 que este a\u00f1o, el gasto p\u00fablico en seguridad es de 239 mil 319 millones de pesos, equivalentes a 0.96% del PIB y a 4% del Presupuesto de Egresos de la Federaci\u00f3n.<\/p>\n
“Esto no refleja la pol\u00edtica de seguridad del Gobierno Federal, ya que, de este presupuesto, 70% es destinado a dos ejes: Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad p\u00fablica e Impartici\u00f3n de justicia, reclusi\u00f3n y readaptaci\u00f3n, mientras que 1.5% se destina a prevenci\u00f3n y atenci\u00f3n de derechos humanos\u201d<\/b>, indico Rivas.<\/p>\n
Del total del presupuesto destinado a Combate al crimen, las Fuerzas Armadas en apoyo a la seguridad p\u00fablica, absorbe el 84% aprobado en 2019. <\/p>\n
En el mismo eje, de 2008 a 2018, el recurso ejercido es mayor al aprobado, lo que reafirma, desde un punto de vista presupuestario, la noci\u00f3n de que las Fuerzas Armadas son la prioridad en el Combate contra el crimen.<\/p>\n
Esto demuestra que la actual administraci\u00f3n federal contin\u00faa privilegiando el enfoque reactivo sobre el preventivo, pese al presunto cambio de la pol\u00edtica de seguridad que discursivamente se ha prometido desde las campa\u00f1as presidenciales y en la propia Estrategia Nacional de Seguridad P\u00fablica, aprobada por los senadores.<\/p>\n
Por otra parte, destac\u00f3 que s\u00f3lo tres de los 44 programas para Justicia concentran 83.2% del presupuesto total: otras actividades, Administraci\u00f3n del Sistema Federal Penitenciario, e investigar y perseguir delitos de orden federal.<\/p>\n
En 2019, la prioridad presupuestaria fue “otras actividades”, que absorbe 58% del presupuesto total y est\u00e1 a cargo del Poder Judicial. En este programa, 87% de los recursos se destinan a servicios personales; en contraste, s\u00f3lo 10% de los casos resueltos por la Suprema Corte de la Justicia de la Naci\u00f3n son de materia penal.<\/p>\n
El observatorio encontr\u00f3 que hay una atomizaci\u00f3n del presupuesto federal para seguridad; no obstante, este se concentra s\u00f3lo en seis programas: uno de prevenci\u00f3n del delito, dos de combate al crimen y tres de justicia. <\/p>\n
Con esta configuraci\u00f3n, el gasto p\u00fablico resulta poco eficiente para cubrir las necesidades de la poblaci\u00f3n y atender la crisis de seguridad que enfrenta M\u00e9xico. Asimismo, se demuestra que no hay un verdadero cambio de la pol\u00edtica de seguridad implementada por la federaci\u00f3n y por ende, dif\u00edcilmente se pueden esperar resultados distintos de los obtenidos desde 2008.<\/p>\n<\/div>\n