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Podra la Abogaca del Estado haber justificado la urgencia para permitir que el Gobierno en funciones hubieses realizado los pagos a cuenta a las comunidades autnomas? Sin lugar a dudas. Otra cosa es que al Gobierno le interese, por razones poco confesables, hacerlo.<\/p>\n
Es cierto que un Gobierno en funciones tiene limitadas sus facultades y que stas se ceirn al \u00abdespacho ordinario de los asuntos pblicos\u00bb, \u00absalvo casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de inters general\u00bb. <\/p>\n
Acaso no son de urgencia o de inters general unas transferencias de fondos que permiten el pago de servicios bsicos -estamos hablando por ejemplo de Sanidad- para millones de ciudadanos espaoles? Unos fondos que pertenecen a las comunidades autnomas, pero que estn en manos de Hacienda porque es la encargada de recaudar. Unos adelantos a cuenta que estn diseados para que los territorios puedan ir haciendo frente a sus necesidades financieras sin recurrir a endeudamiento. <\/p>\n
Por qu entonces el Gobierno se ha dedicado a marear la perdiz y finalmente ha utilizado a la Abogaca del Estado para no hacerlo? El Gobierno en su consulta, primero verbal (no hay mayor problema) y luego informada, se ha escudado en que hay que hacer una revisin de las entregas a cuenta sobre un ejercicio en curso, algo que el informe de la Abogaca define como un acto de \u00abfuerte relevancia financiera\u00bb. De verdad? A finales de agosto las estimaciones de recaudacin que maneja el departamento de Mara Jess Montero son prcticamente una ciencia exacta. En Hacienda saben lo que se va a recaudar y, sobre todo, saben que se va a recaudar ms. Los pagos a cuenta previstos no plantean absolutamente ningn problema si existe la voluntad poltica de no obstruir el funcionamiento del Estado (las comunidades autnomas tambin son Estado). <\/p>\n
El informe de la Abogaca esgrimido por Hacienda, acogindose a una sentencia del Tribunal Supremo de diciembre del 2005, viene a decir que se trata de impedir al Gobierno en funciones que se sirva de un instrumento de orientacin poltica en cuanto con ello compromete o condiciona la actuacin del nuevo Gobierno. Da la sensacin de que lo que ocurre en este caso es precisamente lo contrario, porque es la retencin de las entregas a cuenta lo que est sirviendo al Gobierno como instrumento de orientacin poltica. Y casi nadie alcanza a ver en qu condiciona la entrega de esas cantidades la actuacin del futuro Gobierno, cuando el ejercicio 2019 est visto para sentencia. Ms bien es la no entrega lo que est comprometiendo ya la actuacin de los actuales ejecutivos territoriales. Ms bien parece que el Gobierno est utilizando una vez ms a la Abogaca del Estado (ya lo hizo en el juicio del procs) como si fuera un instrumento propio. Podra estar sirvindose de una argucia para retrasar el pago de unos fondos que son bsicos para el funcionamiento de las comunidades autnomas, muchas gobernadas por partidos de otro color. <\/p>\n
Hay quien dice que el Gobierno podra estar incurriendo de este modo en desviacin de poder. No parece descabellado pensar que se trata de un chantaje para que, con la bota en el cuello, el resto de partidos se convenza de lo necesario que es, cuanto antes, investir a Pedro Snchez presidente. Muy poco presentable.<\/p>\n<\/div>\n